Luz en el infierno. El lugar donde funcionó el centro clandestino del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, uno de los escenarios ocultos de la represión. (Foto: C. Arfeliz)
Con una larga trayectoria dedicada a la enseñanza universitaria y a la defensa de los derechos humanos, el abogado Oscar Blando dirige el Programa de acompañamiento y protección de testigos y querellantes de delitos de lesa humanidad. Una iniciativa que el gobierno provincial presentó en agosto de 2008 con el propósito de "colaborar en el proceso de alcanzar la verdad y la justicia". Con la reciente elevación a juicio oral de algunas de las causas más importantes, el Programa puede constituirse en una pieza fundamental para que los responsables de secuestros, desapariciones y crímenes cometidos en la provincia durante la dictadura reciban, al fin, castigo.
Actualmente el Programa asesora a unos 50 testigos y querellantes en Rosario, Santa Fe y Reconquista, y se plantea la perspectiva de trabajar con otros 600, con el desarrollo de las causas y los juicios. Blando destaca la articulación de medidas de contención y de seguridad, el principio del consentimiento de la persona interesada, la posibilidad de incluir a familiares directos y abogados patrocinantes. Y lo explica en detalle, con oficio docente. Es que hay cuestiones delicadas, como la participación policial, y los modos de preservar el relato de los sobrevivientes.
—¿Cuáles son las características particulares del Programa?
—En primer lugar, toda la protección es esencialmente civil. Tiene una parte de seguridad policial, pero el Programa asume una impronta civil, dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos. Incluye un aspecto tal vez diferente a otras jurisdicciones que es la integralidad: nosotros damos asesoramiento jurídico y asistencia psicológica, con psicólogos del área de salud de la provincia. Los juicios por crímenes de lesa humanidad plantean una situación de conflictividad, emocionalmente es un tema difícil. Algunos querellantes vienen declarando cinco, seis veces.
—Una situación que puede desgastar a quienes declaran, con los tiempos lentos de la Justicia.
—Hay una revictimización, por eso es muy importante el apoyo psicológico. Algunos testigos no quieren custodia ni asesoramiento jurídico pero sí un apoyo psicológico que los ayude a transitar esto que es pasar del relato privado de los hechos al relato público. Muchos de ellos pueden estar en organismos de derechos humanos y redes de contención, pero ese paso al relato público, con el escenario de la Justicia y la presencia de los imputados puede ser traumático. El Programa no es meramente un asesoramiento jurídico. El objetivo es la verdad y la justicia, colaborar con ese relato que es jurídico, porque se va a dar en el ámbito de la Justicia , y también político, porque tiene que ver con el fin de la impunidad, y finalmente es cultural, porque significa que las atrocidades que se cometieron tengan el condigno castigo.
—¿Cómo está pensada la participación policial?
—En primer lugar, nosotros implementamos un aspecto de seguridad no policial. Se puede brindar seguridad y protección no necesariamente policial. La seguridad policial sería la última razón, cuando la persona lo reclama o cuando ocurre una circunstancia que merezca y necesite, porque lo pide el testigo o el querellante, el requerimiento policial. Hay gente que no quiere protección policial, porque a lo mejor es la misma fuerza, con otros nombres, que los persiguió o los torturó. Por lo tanto hay una relación conflictiva y si no hay reclamo no damos esa protección. Pero sí hay, y en esto los organismos de derechos humanos tienen una participación importante, seguridad no policial: las redes de contención son un espacio de confianza que nos sirven para proteger. Además estamos implementando un sistema de monitoreo. Tenemos alrededor de 50 personas incorporadas voluntariamente como testigos, de los cuales la mitad está con monitoreo del área de seguridad civil del Programa. El ejemplo es la gente de Reconquista, que tuvo una serie de intimidaciones de algunos familiares de imputados y ahí hay un monitoreo permanente con nosotros.
—¿Y la seguridad policial cómo es?
—Se crea una unidad especial que tiene como cabeza al ministro de Seguridad de la provincia y un coordinador que es el comisario Omar Odriozola, el jefe de las Tropas de Operaciones Especiales. La unidad se conforma con un reclutamiento de agentes que tienen determinadas características profesionales. Nosotros, con total transparencia, tratamos de consensuar con quienes tienen la necesidad de ser protegidos, los organismos y el estado: recibimos una lista de agentes que pasa por la observación del ministro de Seguridad y que éste traslada al ministro de Justicia. Hay una parte de la seguridad que necesariamente debe ser policial, como la custodia y el traslado de detenidos. En ese sentido necesitamos decisiones de tipo político, y esta decisión fue ofrecer a los organismos de derechos humanos, los testigos, los querellantes y los legisladores esa lista que nos envía el ministro de Seguridad para que nos hicieran llegar, por escrito y fundadamente, las objeciones que pudieran tener. Por lo menos a esta primera tanda nadie hizo ninguna observación. Nosotros fijamos algunos criterios: por ejemplo la edad, con la idea de que no hayan podido haber participado en el golpe de estado. Se hizo además una evaluación en términos de conocer sus familias y planteamos algunas preguntas relacionadas con la dictadura militar. Hicimos así una primera tanda de selección, que ahora necesita el referendo del ministro de Seguridad. Así como el titular de la unidad dependerá del ministro Daniel Cuenca y no del jefe de policía de la provincia, los agentes dependerán exclusivamente de quienes tengan responsabilidad en el Programa y se van a dedicar exclusivamente a esa tarea.
—¿Cómo es la relación del Programa con los organismos de derechos humanos?
—El decreto de creación del Programa fue consensuado con los organismos en varias reuniones que hicimos en Santa Fe, Rosario y Reconquista. Algunas cuestiones se sacaron y otras se enriquecieron. En su gran mayoría, los organismos han colaborado en el diseño de este programa. También señalo la colaboración de la oposición política, en particular del justicialismo, que también ha hecho algunas críticas pero con una idea de comprensión y de trabajo en conjunto. Esta debe ser una política de Estado, hay que sacar las internas de los organismos y las internas de los partidos políticos. El Programa trata de dar seguridad sin mirar la ideología política, y el justicialismo tiene muchos militantes requeridos en los testimonios.
—Antes de la presentación del Programa hubo una polémica con la anterior secretaria de Derechos Humanos cuando dijo que también se protegería a represores. ¿Cómo se definió esa cuestión?
—En ese momento el decreto estaba en elaboración. Yo creo que no hay lugar para los dos demonios. Este Programa ofrece acompañamiento y protección exclusivamente para quienes han sido víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Ese es el motivo específico del programa: no ha habido nunca otra visión del tema.
—En Santa Fe hay varias causas por delitos de lesa humanidad elevadas a juicio oral. ¿Qué perspectivas observa?
—Vale la pena visualizar el tema general. Hemos tenido etapas de progresos y de retrocesos. La renovación de la Corte Suprema a nivel nacional fue uno de los hechos más importantes en el sentido de que prevalezca la memoria, por los nuevos jueces que la integran. Y se inició una etapa de juzgamiento. Hay que situar los peligros posibles dentro de esa perspectiva. Con avances y retrocesos, hay una intención desde el punto de vista político y judicial que está instando a que las causas se movilicen y avances. Lo dijo la presidenta, lo dijo el ministro (Ricardo) Lorenzetti, lo dijo Binner. Hay inconvenientes, por ejemplo la constitución definitiva de los tribunales orales retarda la iniciación de los juicios orales. Aun teniendo la conformación de los tribunales, la Justicia no tiene a veces los medios o hasta los lugares necesarios. Las salas de audiencias no están pensadas para esos juicios.
—Los querellantes están dispuestos a declarar, pero para los testigos a veces puede ser difícil dar testimonio. ¿Cómo podrían pasar del relato privado al relato público que mencionaba?
—Es una suma de cuestiones. Debemos tratar, desde la Justicia y desde el poder político provincial, que ese relato ayude a la verdad y la justicia. Uno de los efectos más destructivos del horror sobre los afectados, es, como se ha dicho, que la persona queda fijada en una identidad de víctima, es decir, la identidad unida al sufrimiento, a la culpa de haber sobrevivido, a la moral del sacrificio, a la autoculpabilización. Por tanto, dar testimonio, re-vivir, re-editar, es una experiencia extremadamente traumática, porque hay en definitiva una ruptura de la intimidad. Por eso, desde lo público tenemos la obligación de asegurar esos espacios de confiabilidad que van desde preservar los archivos a la memoria, a la protección de los testimonios, posibilitando pasar de la voz pasiva del afectado a la activa, como modo de ser protagonistas del curso de la historia y permitir a ésta darle un sentido diferente. No es lo mismo que haya juicios que no los haya. Tenemos que utilizar todos los resortes para que los juicios tengan su fin. Esa es una decisión que tiene el gobierno de la provincia.
Instantánea
En Rosario, el Programa de acompañamiento y protección a testigos y querellantes funciona en Moreno 248 (tel. 0341-4721466/67). Entre otras consideraciones, el decreto de su creación menciona "la expresa voluntad política del Estado provincial de acompañar, asistir y proteger tanto a testigos y querellantes como a familiares y abogados patrocinantes".
