miércoles, 17 de diciembre de 2008

Superti ratificó el compromiso de avanzar en los juicios por la verdad

“Estamos más involucrados y comprometidos que nunca para que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad y genocidio”. La afirmación fue del ministro de Justicia, Héctor Superti, durante una jornada sobre Democracia y Derechos Humanos que se realizó ayer en Rosario. En la ocasión se hizo un reconocimiento a los miembros santafesinos que integraron la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).
Superti resumió los principales hitos históricos de la lucha contra la impunidad “desde el final de la trágica noche de la dictadura”, y destacó el trabajo de los organismos de derechos humanos que permitieron los avances de las causas.
“Estamos más involucrados y comprometidos que nunca para que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad y genocidio -insistió el ministro-. Con verdad y con justicia podemos decir Nunca Más”, aseveró.
La vicegobernadora Griselda Tessio, por su parte, enumeró algunos hitos de la historia de la Conadep desde sus inicios, y describió el proceso histórico que llevó a los juicios por delitos de lesa humanidad. La funcionaria detalló los logros de la comisión y destacó que durante aquellos momentos iniciales de la lucha por los derechos humanos “sólo las Madres (de Plaza de Mayo) estaban al tanto de lo que sucedía con el robo de niños y nadie creía que en la Argentina se pudiera llegar a tal grado de ferocidad”. .
En Santa Fe
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, destacó el “merecido homenaje a las mujeres y hombres de la Conadep”, y reafirmó “un renovado compromiso para proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todos”.
La funcionaria brindó un informe sobre las políticas aplicadas en función del eje Verdad y Justicia, y ratificó el compromiso del gobierno provincial de facilitar “todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir y colaborar con los juicios por delitos de lesa humanidad”.
Más adelante, el director del Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos en causas por el mismo tipo de delitos, Oscar Blando, señaló que la lucha de los organismos y los sobrevivientes, “además de impulsar los juicios, ha impedido en los hechos la consagración de la impunidad”. El funcionario aseguró que esa batalla es jurídica y también ética. “Los derechos humanos son la ética de la democracia, y es necesario acelerar los juicios”, aseveró.
Reconocimiento
Del acto participaron organismos de derechos humanos, ONGs, legisladores y funcionarios provinciales y municipales. En la ocasión, se desarrolló el panel Justicia y Derechos Humanos, integrado por el ministro Superti; la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; y el director de los programas de Derechos Humanos y de Acompañamiento y Protección a Testigos en causas por delitos de lesa humanidad, Oscar Blando.
Posteriormente, tuvo lugar la disertación “A 25 años de la creación de la Conadep”, a cargo de la vicegobernadora Griselda Tessio. Finalmente se exhibió el documental testimonial titulado “La vergüenza consumada”, producción sobre el robo de los expedientes de la Conadep perpetrado en los Tribunales de Rosario en 1984.
La actividad cerró con un reconocimiento y entrega de diplomas a miembros de la Conadep provincial a cargo del subdirector del Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes, Daniel Bóccoli. En la oportunidad, Bóccoli dijo que la “lucha inclaudicable” de quienes hicieron posible que estén en marcha las causas por delitos de lesa humanidad y genocidio.






miércoles, 3 de septiembre de 2008

Abogados y el aborto

Como abogado matriculado perteneciente al Colegio de Abogados, 2ª Circunscripción de Rosario, me dirijo a usted (Arturo Araujo) a fin de manifestarle formalmente mi inocultable rechazo por sus temerarias declaraciones vertidas en el Día del Abogado respecto a la despenalización del aborto.


Como abogado matriculado perteneciente al Colegio de Abogados, 2ª Circunscripción de Rosario, me dirijo a usted (Arturo Araujo) a fin de manifestarle formalmente mi inocultable rechazo por sus temerarias declaraciones vertidas en el Día del Abogado respecto a la despenalización del aborto. Usted, señor presidente, tiene entre sus facultades las de representar al directorio del Colegio pero no a verter opiniones personales y menos de hondo contenido político —que le está vedado— (critica insólitamente una declaración al Concejo Municipal de Rosario, órgano representativo de la voluntad popular rosarina) sobre una cuestión altamente sensible y en donde se entremezclan las (sus) cuestiones personales, religiosas y hasta filosóficas. No era el ámbito ni la oportunidad ni está entre sus obligaciones estatutarias tratar inconsultamente este tema y menos en el día del abogado: admitió que el directorio "no se había expedido" ni tampoco los miles de abogados que integramos el Colegio. De más está decir que también son claramente discutibles (y por tanto inapropiadas haberlas allí expresado) sus opiniones personales caracterizadas como "jurídicas" sobre la supuesta inconstitucionalidad o lesión a los tratados internacionales de derechos humanos sobre la despenalización del aborto. No comparto esta posición como seguramente muchos de mis colegas: con más razón debió privar su mesura y evitar tan imprudentes como inoportunas definiciones. Usted es el presidente del directorio del Colegio de todos los abogados y no el vocero de determinada institución confesional: no resulta ético ni estatutariamente corresponde, que utilice los atriles que le permite su investidura para expresar tan livianamente sus opiniones personales públicamente, comprometiendo a todos los abogados que aún no se han expedido democráticamente sobre el tema y debería, incluso, discutirse si corresponde o no hacerlo. Tiene sí todo el derecho de manifestarse sobre la despenalización del aborto realmente a "título personal": un artículo de opinión en un periódico o en una revista científica hubiese sido mucho más apropiado que hacerlo como presidente del Colegio de Abogados de Rosario en un acto público. Ahora, lamentablemente, el daño institucional está hecho.

domingo, 18 de mayo de 2008

Decisiones para proteger testigos

Oscar Blando fue designado en la Dirección Provincial de Programas de Derechos Humanos, del que depende el Programa de Protección de testigos y querellantes. Desde ese lugar esta diseñando el programa dirigido a las víctimas de la represión durante la última dictadura que este mismo año van a sentarse frente a sus victimarios en la justicia federal . Este abogado ligado a la defensa de los derechos humanos, es hijo de Manuel Blando quien fuera presidente de la CONADEP Rosario, que recabara las primeras denuncias contra el terrorismo de estado. Entre los puntos destacados Blando propuso que el personal policial que brinde la seguridad entre los testigos sea seleccionado por los propios organismos de derechos humanos entre los hombres de las Tropas de Operaciones Especiales, la tropa de elite de la fuerza provincial.


artículo publicado en Rosario/12 el 18 de mayo de 2008

martes, 13 de mayo de 2008

Por qué reformar la Constitución de Santa Fe

Reflexiones. Una Constitución y cualquier reforma implica un proyecto colectivo que requiere de consensos y acuerdos, aunque excluye pactos de extramuros. Santa Fe no adhirió al mayoritario espíritu reformista de mediados de los 80...


Una Constitución y cualquier reforma implica un proyecto colectivo que requiere de consensos y acuerdos, aunque excluye pactos de extramuros. Santa Fe no adhirió al mayoritario espíritu reformista de mediados de los 80 que signó el derecho público provincial argentino ni modificó su Carta Magna pese a la reforma nacional de 1994. No es cuestión de revisionismo crítico sobre la Constitución actual, es necesidad de adaptación a los nuevos tiempos, incluso adecuación a principios y valores sustantivos incorporados a la actual Constitución nacional. Algunos consideran que en el 94 se cambió el "techo ideológico" de la misma, elevando a valores supremos la democracia y los derechos humanos.
No somos reformistas "de ocasión". Apoyamos en la Legislatura el primer proyecto de reforma cuando en el gobierno justicialista de 1987/91, se envió una propuesta que finalmente no tuvo el suficiente consenso. También adherimos a la iniciativa desde la academia cuando el gobierno de Jorge Obeid (1995/99), y en el último período, consultó a la Universidad, aunque sugeríamos una reforma más amplia. Lo hicimos en diversos artículos en estas páginas de La Capital y en otras publicaciones. Actualmente integramos con otros académicos, políticos y ONGs un Foro para la Reforma, insistiendo en su realización. Es convicción en su necesidad, no oportunismo reformista según el color político de los gobiernos.
Creemos que nos debemos una reforma no total, pero sí amplia de la Constitución santafesina, por ejemplo incorporando nuevos derechos y garantías: el reconocimiento constitucional de éstos permite luego la lucha, tanto o más valiosa, de su efectivización en el campo de la materialidad e impide que cualquier norma de rango inferior la cercene. Ni la política ni el mercado deberán sustraer esos derechos, y si ocurre se exigirá el cumplimiento ante el órgano jurisdiccional que no deberá someterse a otro mandato que al imperativo constitucional. El sometimiento del juez sólo a la Constitución es la mejor garantía de su independencia y legitimación democrática, ya que es el único poder no elegido directamente por el pueblo.
El reconocimiento de derechos y libertades en las constituciones tienen el valor de permitir que los más débiles luchen por su efectiva concreción. Como dice Luigi Ferrajoli, "los derechos fundamentales no caen nunca desde lo alto, sino que se afirman sólo cuando la presión de quien es excluido, a la puerta de quien está incluido, se hace irresistible". Allanemos el camino para que eso ocurra.
En esa línea, nuestra Constitución provincial recogiendo su mejor tradición de tolerancia en materia religiosa deberá modificar su artículo 2º: no puede ser la religión católica ni ninguna, la religión del Estado; deberán contemplarse nuevos derechos, especialmente de las minorías, de los que sufren "nuevas" discriminaciones, y que sea el lugar inexpugnable de reconocimiento para que se plasmen luego en la realidad; deberá adecuarse la acción de amparo, derogando su actual ley reglamentaria, no sólo porque es incongruente con la Constitución nacional, sino porque ese instrumento jurídico debe permitir esencialmente el acceso a la Justicia a los más necesitados, a los que no tienen recursos para esperar los lentos "tiempos" de la Justicia común. El amparo debe concebirse como instrumento al servicio del hombre y no del poder.
Pero también una Constitución supone "un sistema de límites y vínculos" que se imponen tanto a los poderes privados como públicos. En la nueva ingeniería institucional, (deberían entenderlo las actuales minorías y las subsiguientes) desde nuestra perspectiva, tendrían que imponerse nuevas reglas y límites a los gobiernos (al actual y los siguientes): límites para que no se elijan jueces sin requisitos de idoneidad y compromiso democrático; límites para que si se decide la reelección del gobernador, el "reformador" no pueda beneficiarse; límites para que el gobierno no tenga en la Legislatura mayorías automáticas sino un Congreso abrevado en los consensos entre mayorías y minorías; límite al poder central asegurando la autonomía de municipios y comunas para que sean éstos quienes tengan más poder y recursos; límite a los partidos gobernantes para que no puedan cambiar las reglas del juego democrático a su conveniencia, por ejemplo, modificando el régimen electoral por mayorías simples (como fue con la ley de lemas), sino exigiendo mayorías especiales, que requieran, otras vez, el consenso mayor posible; límites incorporando nuevos y más eficaces mecanismos de control independiente y exigencia de responsabilidad a los funcionarios; límites a los gobernantes para que tengan que estar obligados a dar información sobre sus actos, y que éstos sean públicos, porque el derecho a la información es un bien social y no una mercancía o monopolio de los oficialismos.
Se nos dirá que ninguna reforma constitucional asegurará el cumplimiento de sus premisas, pero diré que con ese criterio tampoco deberíamos sancionar leyes porque también se transgreden. Contestaré con palabras de Roberto Gargarella: es cierto que la pobreza no será eliminada con un texto escrito, pero se torna más difícil eliminarla si nuestros arreglos constitucionales no ayudan a que todas las demandas sociales sean escuchadas y la "palabra pública" sólo sea distribuida con el dinero que es capaz de ofrecer cada uno. Es cierto que ninguna promesa escrita por sí misma nos aliviará de la corrupción, pero en sistemas más transparentes ellas resultan desalentadas, a la vez que crece exponencialmente en otros que privilegian el secreto y admiten las negociaciones políticas a espaldas del público.
Ningún tiempo político suele considerarse apropiado para reformar la Constitución, es más, los constituyentes de 1853 no vivieron en las mejores condiciones políticas cuando la sancionaron: "Todavía estaban humeantes los cañones de la guerra civil". Sin embargo forjaron los cimientos de la Nación sobre la base de la Constitución. Santa Fe vive otros tiempos y ya dejó pasar varias oportunidades, no debiéramos hacerlo una vez más.